El Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington el 7 de agosto de 2025. Madalina Kilroy/La Gran Época
El 14 de julio, un juez federal rechazó el intento del Departamento de Justicia de obtener los datos personales privados de cada votante registrado en Nuevo México, sumándose al número total de casos que el Departamento de Justicia ha perdido en los que había buscado información similar.
El tribunal determinó que “la carta de exigencia del Departamento de Justicia fracasa porque carece por completo de una ‘base’ identificable. En ninguna parte el DOJ articula ninguna sugerencia fáctica de que Nuevo México haya violado la NVRA (Ley Nacional de Registro de Votantes) o la HAVA (Ley Help America Vote), indica que el Estado tiene un patrón o práctica de incumplimiento de las mismas, ni explica cómo la PII no redactada es necesaria para evaluar el cumplimiento de la NVRA y HAVA”.
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La Secretaria de Estado de Nuevo México, Maggie Toulouse Oliver, aprobó la decisión del tribunal.
“Estoy satisfecha con la decisión del tribunal de desestimar este caso. Existen barreras legales federales y estatales sobre números de seguro social y fechas de nacimiento para la protección de la identidad de cada votante en nuestro estado”, dijo.
Ella redobló las prácticas de seguridad implementadas bajo su liderazgo.
“No me arriesgaré en absoluto a revelar datos privados de los votantes, ya que podría tener consecuencias muy reales y graves para las vidas personales de los nuevomexicanos que participan en nuestro proceso democrático”, dijo.
Según Oliver, el Departamento de Justicia ha sido excluido en 14 casos similares en todo el país, al no haber podido obtener archivos de votantes no redactados a través de estas demandas de estados que rechazaron sus solicitudes.
En un fallo de 26 páginas, el juez de distrito estadounidense Joseph Laplante afirmó que esos registros de votantes generados por el estado quedan fuera de los documentos que el gobierno federal puede exigir en virtud del Título III de la Ley de Derechos Civiles de 1960.
El departamento alegó que la negativa de Oregon violaba la Ley Help America Vote de 2002 y la Ley de Derechos Civiles de 1960.
Aldgra Fredley contribuyó a este informe.