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En su reunión de este lunes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo paquete de medidas para mitigar el impacto económico de la crisis internacional, al tiempo que inició formalmente los trabajos en los Presupuestos Generales del Estado para 2027 mediante la actualización del marco macroeconómico. La reunión también sirvió para reforzar la estrategia del gobierno en materia alojamientouna de las prioridades políticas de la actual legislatura.
El nuevo decreto sustituye al anterior paquete de medidas, que debía expirar el 30 de junio. Como ya había señalado el primer ministro, el objetivo es mantener la protección de las familias, los trabajadores y los sectores económicos que están especialmente expuestos a la volatilidad de los mercados energéticos derivada de la situación geopolítica en Oriente Medio.
El Ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, defendió la prórroga, argumentando que “No podemos bajar la guardia”ya que la economía sigue funcionando en un contexto de “mayor incertidumbre geopolítica”. Dijo que el gobierno mantendrá el apoyo a los sectores más expuestos mientras persistan los riesgos derivados de la situación internacional.
Entre las medidas que siguen vigentes se encuentran subsidios de 20 céntimos por litro de combustible para transportistas, agricultores y ganaderos, así como diversas incentivos vinculados a la electrificación y al despliegue de energías renovables. El alcance preciso del decreto será fijado por el Gobierno tras la reunión del Consejo de Ministros.
La aprobación coincide con la publicación del avance de la inflación de junio (fuente en español) por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúa la tasa anual en 3,2%el mismo nivel que en los dos meses anteriores. El Gobierno sostiene que las medidas adoptadas desde marzo han ayudado a contener el crecimiento de los precios, aunque diversos analistas advierten de que la evolución del conflicto en Oriente Medio seguirá condicionando los costes energéticos durante los próximos meses.
Vivienda y hoja de ruta para el Presupuesto 2027
Además de la ampliación del llamado “escudo anticrisis”, el gobierno anunció un nuevo impulso a su política de vivienda.
La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Talla Elmadijo que el ejecutivo tiene previsto aprobar en julio un paquete de medidas con el que espera conseguir una “acuerdo amplio” en el parlamento. Explicó que la iniciativa incluirá medidas para regular los alquileres de corta duración, ofrecer incentivos fiscales a los propietarios que bajen los alquileres y subir el IVA de los alojamientos turísticos hasta el 21%, entre otras propuestas encaminadas a facilitar el acceso a la vivienda.
Estas iniciativas se suman a las Plan Nacional de Vivienda 2026-2030aprobado por el Gobierno el pasado mes de abril y dotado con una inversión total de 7.000 millones de euros, de los cuales el 60% será aportado por el Estado y el 40% por las comunidades autónomas. El programa pretende, entre otros objetivos, ampliar el parque de viviendas públicas, intensificar la renovación y garantizar que las viviendas sociales construidas con financiación pública permanezcan permanentemente protegidas.
Sin embargo, la política de vivienda sigue siendo una fuente de confrontación política. El gobierno regional andaluz ha iniciado una disputa sobre competencias, argumentando que algunos aspectos del plan nacional invaden poderes transferidos, una acusación que el Ministerio de Vivienda rechaza.
La actualización del marco macroeconómico es el primer paso formal para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado 2027. El Gobierno cree que estas nuevas previsiones servirán de base para diseñar las cuentas públicas del próximo añoantes de aprobar el techo de gasto y los objetivos de estabilidad presupuestaria y enviar el proyecto de ley al parlamento, probablemente después del verano.
El Gobierno ha reiterado su intención de presentar unas nuevas cuentas públicas para 2027, tras varios años de presupuestos prorrogados, aunque su aprobación dependerá de conseguir una mayoría parlamentaria suficiente durante su paso por el Congreso.