Un trabajador electoral procesa boletas de voto ausente en Atlanta el 2 de noviembre de 2020. Megan Varner/Getty Images
El 7 de julio, un juez federal impidió que el Departamento de Justicia obtuviera los nombres y la información de contacto de las personas que trabajaron en las elecciones de 2020 en el condado más poblado de Georgia.
La citación ordenaba a los funcionarios del condado de Fulton que proporcionaran los nombres, cargos, direcciones residenciales, correos electrónicos y números de teléfono de los trabajadores electorales de 2020, según una copia presentada ante el tribunal.
Eso incluyó a personas que revisaron las boletas recibidas por correo y voluntarios que ayudaron con el recuento electoral.
Los funcionarios del condado de Fulton dijeron en la moción para anular la citación que era el “último esfuerzo del Departamento de Justicia para atacar y acosar a los supuestos enemigos políticos del presidente, esta vez funcionarios electorales, trabajadores electorales y voluntarios en el condado de Fulton a quienes Donald Trump continúa menospreciando mientras perpetúa su falsa afirmación de que ‘robaron’ las elecciones de 2020”.
El presidente Donald Trump, que perdió ante el expresidente Joe Biden en el condado de Fulton y Georgia en 2020, ha alegado que las elecciones allí estuvieron plagadas de fraude.
Los abogados del Departamento de Justicia dijeron en un escrito en respuesta que la citación “busca sólo una cosa: registros que identifiquen a personas con probabilidades razonables de arrojar luz sobre las irregularidades en las elecciones de 2020 del condado de Fulton que se están investigando”.
Los funcionarios del Departamento de Justicia se ofrecieron a mostrarle al juez en un entorno privado los resultados de su análisis de las boletas que incautaron del condado, lo que, según dijeron, “aclararía la necesidad de identificación de testigos potenciales en las operaciones de votación en persona del peticionario, así como de los mensajeros y el personal de la administración central de elecciones”.
Incluso sin esa revisión, la información disponible públicamente, como que el FBI estaba investigando imágenes faltantes de boletas, boletas duplicadas y otras cuestiones, fue suficiente para confirmar la citación, dijeron.
Ray dijo que los registros buscados “no conducirían a información que pudiera usarse para acusar a nadie de nada, al menos no de ningún cargo viable”, porque el plazo de prescripción ya pasó.
Dijo que no estaba impidiendo “una investigación continua” sobre las acusaciones de irregularidades, incluso por parte del Departamento de Justicia, sino sólo el uso del gran jurado.
“Que este resultado es apropiado queda claro si se considera la alternativa; de lo contrario, cualquier persona en el poder (quizás la próxima administración de un partido diferente) podría utilizar el proceso del Gran Jurado de manera similar para citar información personal de ciudadanos (quizás la de sus oponentes políticos) sin ningún propósito legítimo de hacer cumplir la ley”, dijo.
Esta es una historia en desarrollo que se actualizará.