Washington redobla sus argumentos sobre soberanía. Crédito: Daniel Torok – Facebook de la Casa Blanca
La campaña de presión de la Administración de Donald Trump contra la Unión Europea por sus reglas digitales ha alcanzado un nivel sin precedentes. En una medida sin paralelo en las relaciones transatlánticas, Washington ha impuesto sanciones a varias figuras europeas vinculadas a la moderación de contenidos y la lucha contra el discurso de odio en línea, acusándolas de “censurar a los estadounidenses” en el extranjero.
La decisión, anunciada el miércoles 24 de diciembre, significa que a las personas objetivo se les prohibirá ingresar a Estados Unidos y podrían enfrentar la deportación si ya se encuentran en suelo estadounidense. Entre los nombres más destacados se encuentra el ex comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, responsable durante la anterior legislatura de la UE de la Ley de Servicios Digitales (DSA).
Una escalada basada en reclamos de libertad de expresión
Las sanciones siguen a la publicación, hace diez días, de la Estrategia de Seguridad Nacional de la Administración Trump, que acusó a los líderes europeos de reprimir la libertad de expresión y silenciar la oposición política, particularmente en torno a las políticas migratorias. El documento enmarca la regulación digital de la UE como parte de lo que Washington llama un “complejo industrial de censura global”.
Los funcionarios estadounidenses argumentan que están defendiendo el “derecho de todo estadounidense a la libertad de expresión” contra lo que describen como censura extraterritorial impuesta por Bruselas. La medida también se produce en medio de esfuerzos más amplios de Estados Unidos para hacer retroceder las regulaciones europeas que afectan a las empresas de tecnología estadounidenses que operan en la UE.
El secretario de Estado, Marco Rubio, fue contundente en su respuesta y publicó en X que “durante demasiado tiempo, los ideólogos europeos han liderado esfuerzos organizados para coaccionar las plataformas estadounidenses y castigar las opiniones de los estadounidenses a los que se oponen”. Advirtió que la Administración Trump “ya no tolerará estos actos de censura extraterritorial”, e insinuó que la lista de personas sancionadas podría ampliarse.
Washington redobla sus argumentos sobre soberanía
Tulsi Gabbard, jefa de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, reforzó el mensaje, afirmando que los intentos de gobiernos extranjeros de imponer “políticas antilibertad” a las voces estadounidenses equivalían a una grave violación de la soberanía estadounidense. Según ella, tales acciones deben afrontarse con “rendición de cuentas”.
Para Bruselas, sin embargo, las sanciones representan un ataque directo a las instituciones democráticas y al marco legal de la UE. Thierry Breton respondió a X preguntando si la “caza de brujas del macartismo” había regresado, estableciendo un paralelo con la persecución de presuntos comunistas en los Estados Unidos durante la Guerra Fría.
Breton destacó que la Ley de Servicios Digitales fue aprobada democráticamente por el Parlamento Europeo y respaldada por unanimidad por los 27 estados miembros de la UE. Dirigiéndose directamente a los estadounidenses, añadió: “La censura no es lo que ustedes creen que es”.
La Ley de Servicios Digitales bajo fuego
Breton encabeza una lista de cinco sancionados. Según funcionarios estadounidenses, se le considera el “arquitecto” de la DSA, una ley que impone obligaciones estrictas a las principales plataformas en línea como X, Instagram, TikTok, Amazon y AliExpress cuando operan en la UE.
El reglamento, que entró plenamente en vigor en el verano de 2023, tiene como objetivo proteger mejor a los consumidores y los derechos fundamentales en línea. Apunta a contenidos ilegales, incluido material de abuso sexual infantil, ciberacoso y discursos de odio, al tiempo que busca una mayor transparencia en la publicidad en línea y los algoritmos de las plataformas.
A principios de este mes, la Comisión Europea aplicó la DSA por primera vez multando a X con 120 millones de euros. La sanción citó fallas en la transparencia de la publicidad, el acceso a los datos de los investigadores y el diseño del sistema de verificación pago de la plataforma, conocido como cheque azul.
Tensiones tecnológicas y presión comercial
La Administración Trump ha declarado abiertamente la guerra a estas regulaciones, alegando que socavan la libertad de expresión e imponen altos costos a las empresas tecnológicas estadounidenses, muchas de las cuales ahora están estrechamente alineadas con la Casa Blanca. Washington ya ha intentado presionar a la Comisión Europea para que suavice sus normas digitales a cambio de concesiones comerciales sobre el acero y el aluminio, una medida ampliamente descrita en Bruselas como un chantaje absoluto.
Desde la multa impuesta a X, las tensiones se han intensificado aún más. Elon Musk, propietario de la plataforma y aliado clave de Trump, acusó a la UE de castigar a su empresa por negarse a censurar contenidos, una afirmación que los funcionarios europeos han descartado repetidamente como falsa.
La confrontación pone de relieve una brecha ideológica cada vez mayor entre el enfoque de la gobernanza digital basado en los derechos de la UE y la interpretación absolutista de la libertad de expresión de la Administración Trump.
Las ONG y los investigadores también apuntaron
Más allá de los políticos, las sanciones también afectaron a destacados investigadores y líderes de ONG que trabajan para combatir el odio y la desinformación en línea. Entre ellos se encuentra Imran Ahmed, director ejecutivo del Centro para Contrarrestar el Odio Digital, quien anteriormente fue demandado por Musk en 2023 después de que su organización informara de un aumento en el discurso de odio hacia X tras la adquisición de la plataforma. Esa demanda fue posteriormente desestimada.
También fueron sancionadas Josephine Ballon y Anna-Lena von Hodenberg, líderes de la ONG alemana HateAid, que monitorea el discurso de odio de extrema derecha en línea, y Clare Melford del Global Disinformation Index, con sede en el Reino Unido.
En un comunicado, la organización calificó las medidas estadounidenses como “un ataque autoritario a la libertad de expresión” y acusó a la Administración Trump de utilizar su poder para “intimidar, censurar y silenciar voces con las que no está de acuerdo”.
A medida que el enfrentamiento se profundiza, las sanciones corren el riesgo de abrir un capítulo nuevo y volátil en las relaciones entre la UE y los EE. UU., en el que la regulación digital ahora está firmemente en el centro de un choque geopolítico más amplio sobre los valores, la soberanía y el futuro de Internet.