La coalición alega que la administración Trump está forzando ilegalmente su participación en deportaciones de inmigrantes ilegales.
A medida que la administración Trump continúa un esfuerzo más amplio para frenar la inmigración ilegal, una coalición de ciudades y condados presentó una demanda el 7 de febrero desafiando su orden ejecutiva de que obliga a las jurisdicciones santuario a cooperar con deportaciones.
El grupo de jurisdicciones dirigidas por San Francisco y el condado de Santa Clara en California, presentó su demanda en un tribunal federal, argumentando que el gobierno federal estaba obligando ilegalmente a los funcionarios locales a participar en una ofensiva ilegal de inmigración con la amenaza de perder fondos o enfrentarse a la incumplimiento por incumplimiento de incumplimiento. .
La orden ejecutiva de Trump amenazó con obtener fondos federales a cualquier jurisdicción santuario que no coopere con los funcionarios federales de inmigración. Las leyes de santuario local a menudo impiden que la policía local y estatal coopere con funcionarios federales de inmigración y están diseñadas para proteger a los inmigrantes ilegales de la deportación.
«Este es el gobierno federal que obligan a los funcionarios locales a doblarse a su voluntad o al desembolso o un enjuiciamiento», dijo el abogado de la ciudad de San Francisco, David Chiu, en un comunicado. «Eso es ilegal y autoritario».
Archivado en el Tribunal Federal de San Francisco, los demandantes de la demanda también incluyen gobiernos locales en Portland, Oregon; New Haven, Connecticut; y el condado de King, Washington.
La demanda de la coalición se dirigió a los memorandos del Departamento de Justicia, incluido un documento del 5 de febrero del Fiscal General Pam Bondi que instruye a los fiscales a investigar a los funcionarios locales y estatales que se detienen o interfieren con la aplicación de la ley de inmigración.
«Los días de burlar la ley federal sin consecuencia finalizó que el segundo presidente Trump volvió a haber jurado el cargo», dijo el portavoz del Departamento de Justicia, Gates McGavick, en un comunicado.
«Las jurisdicciones santuario están impediendo activamente a la aplicación de la ley y priorizando a los extranjeros ilegales sobre sus propios ciudadanos», agregó.
«La realización de funcionarios en Chicago e Illinois exige mínimamente, y a menudo a la afirmación de frustración afirmativa, las leyes de inmigración federales durante un período de años han resultado en que innumerables delincuentes sean liberados en Chicago que deberían haber sido retenidos por la eliminación de inmigración de los Estados Unidos», la justicia «, la justicia», la justicia «, la justicia», la justicia «, la justicia», la justicia «, la justicia», la justicia » Estados de queja del departamento.
La demanda se dirige a la Ley de Fideicomiso de Illinois, la Ley Way Forward y la acogida ordenanza municipal de Chicago, argumentando que obstruyen la aplicación federal de inmigración.
«Necesitamos deshacernos de los criminales violentos, pero también necesitamos proteger a las personas, al menos a los residentes de Illinois y en todo el país, que solo están haciendo lo que esperamos que los inmigrantes hagan», dijo.
Tom Ozimek y Reuters contribuyeron a este informe.