La firma proporcionará servicios legales pro bono en apoyo de veteranos y otros servidores públicos.
Un destacado bufete de abogados de Wall Street ha llegado a un acuerdo con la Casa Blanca para proporcionar $ 100 millones en servicios legales pro bono.
Skadden, ARPS, Slate, Meagher & Flom LLP dedicará los servicios a las causas respaldadas tanto por la empresa como por la administración Trump, incluida la asistencia de veteranos y otros servidores públicos, garantizar la equidad en el sistema de justicia de los Estados Unidos y combatir el antisemitismo.
La firma también se comprometió a financiar al menos a cinco graduados de derecho bajo una beca dedicada a apoyar las causas cada año y emplear prácticas de contratación basadas en el mérito, prometiendo no negar la representación a los miembros de grupos políticamente privados de sus derechos.
Este acuerdo se produce cuando el presidente Donald Trump, en las últimas semanas, ha emitido órdenes ejecutivas dirigidas a múltiples firmas legales importantes, ordenando a las agencias gubernamentales que revocen sus autorizaciones de seguridad y rescindan los contratos. Si bien Trump no ha emitido uno contra Skadden, el acuerdo parece ser una forma de evitar que eso suceda.
«Esto fue esencialmente un acuerdo», dijo el presidente Donald Trump al anunciar el acuerdo en un evento de la Casa Blanca.
«Apreciamos que Skadden llegue a la mesa. Como saben, otros bufetes de abogados también han resuelto el caso. Y … lo que ha sucedido es una pena».
Jeremy London, el socio ejecutivo de la firma, dijo que las dos partes trabajaron «constructivamente» para llegar a un acuerdo.
«La firma espera continuar nuestra relación productiva con el presidente Trump y su administración. Creemos firmemente que este resultado es lo mejor para nuestros clientes, nuestra gente y nuestra empresa», dijo Londres.
En el caso de Wilmerhale, Trump citó el empleo de la empresa al ex asesor especial Robert Mueller y sus ayudantes como una de las principales razones para la mudanza.
Jenner, por otro lado, contrató a Andrew Weissmann, el principal fiscal de Mueller.
En acciones legales separadas presentadas en el Distrito de Columbia, las dos empresas acusaron a la administración de castigar a su oposición política y le pidieron al tribunal que encontrara las órdenes de Trump inconstitucionales.
Zachary Stieber, Aldgra Fredly y Reuters contribuyeron a este informe.